Cantagallo

¿Por qué no se tomaron medidas para evitar el desastre?

Cada vez que ocurre una tragedia, antes que las voces solidarias, se dejan escuchar las voces de los políticos lavándose las manos. O la de sus escuderos fieles, que usan las redes sociales para tal cometido, recurriendo al lenguaje más hostil para señalar culpables y librar responsabilidades. Esta vez, fue el turno de la desgracia que atraviesan 200 familias de la comunidad nativa Shipibo-Konibo asentada en Cantagallo.

Que si se vendieron o no se vendieron los terrenos de Campoy (donde se iba a reubicar a los pobladores de Cantagallo), o que si la actual administración municipal no encontró ningún proyecto de la villa urbana, o que si la culpa la tiene Toledo por haberlos traído a la marcha de los cuatro suyos. Ya pues, este tipo de discusiones estériles no ayudan a superar la emergencia, y solo generan enfrentamientos y posiciones que, lejos de contribuir, lo que hacen es tornar un tema de relevancia social en un caso mediático.

Entiéndase que no estamos ante un problema ocasionado por invasores de terrenos. Sostener tal barbaridad es desconocer la realidad de las migraciones internas. Los distritos limeños más populosos de la capital se formaron por la migración producida desde 1940 y que se incrementó a partir de 1980, año en que el terrorismo y la pobreza —de la mano— comienzan a azotar a las provincias. Ello dio como resultado una expansión del ámbito urbano, con la formación de prósperas y pujantes comunas —como Ate, Los Olivos, San Martín de Porres y Comas—, cuyos aportes a la economía significan un poco más del 50% del PBI.

Los pobladores de Cantagallo pudieron formar parte de esta historia. En el año 2007, la Municipalidad Distrital del Rímac le extendió un certificado de posesión a la comunidad, y se establecieron organizándose en tres asociaciones vecinales, construyendo una escuela para que los niños puedan conservar la lengua materna. Pero las condiciones de vida eran precarias —sin agua, luz ni desagüe— al encontrarse afincados en un relleno sanitario. Ellos han ocupado durante quince años estos terrenos. Entonces, ¿dónde estuvieron las autoridades hasta este momento que no tomaron las medidas necesarias para evitar el desastre ocurrido? No hay que olvidar que en agosto de este año se produjo un incendio, dando como resultado dos heridos y viviendas afectadas.

Es necesario mencionar, que la Defensoría del Pueblo viene efectuando recomendaciones —desde hace más de dos años y mediante sendos oficios— a la Municipalidad de Lima Metropolitana, a fin que se proceda con la construcción del conjunto habitacional destinado para esa comunidad, así como la debida y oportuna reubicación. Es decir, si tienes población expuesta al margen de un río en una zona de riesgo ante la construcción de un proyecto, el sentido común te dice que hay que agotar todos los medios posibles para salvaguardar la vida de estas personas. Más si ya era de conocimiento de las autoridades la situación de esta comunidad.

Por tanto, se debe reiniciar el diálogo intercultural para que las familias damnificadas procedan, cuanto antes, a la reubicación provisional para salvaguardar, sobre todo, la vida de los menores de edad. Aquí es necesario resaltar una vez más la labor que viene realizando la Defensoría del Pueblo, entidad con la que coincido plenamente cuando afirma que “más allá de las responsabilidades que puedan haberse generado en gestiones pasadas, lo actual y lo urgente es que las entidades del Estado aseguren la óptima atención de la emergencia”.

Nos guste o no, son la primera comunidad nativa urbana en el Perú, y están bajo el amparo del Convenio 169; y tal condición era de conocimiento de las dos últimas gestiones municipales. Es necesario afrontar las consecuencias que comprometen vidas humanas, antes de buscar a los responsables. A todo esto, y para ser justos, y siendo este un caso humanitario, ¿ya se hizo presente la ex burgomaestre y activa luchadora por los derechos humanos, Susana Villarán, con su ayuda para los damnificados?

Elizabeth Zea Marquina