¿Cambio de modelo?

Cuando se afirma la necesidad de cambio de modelo económico, también se está realizando una afirmación implícita: el actual no cumple con satisfacer ciertas expectativas de la ciudadanía. Sin embargo, cuando se profundiza un poco más acerca de qué disgusta a la ciudadanía, sucede que esta se refiere a la ineficiencia de los servicios que debería brindarle el aparato estatal.

El cuestionamiento también va de la mano con las evidencias que comprometen en actos de corrupción a quienes han ejercido inclusive la primera magistratura, motivo por el cual renunciaron o fueron vacados. La desazón frente a los principales actores políticos se ha hecho extensiva a toda la clase política, en virtud de que quienes ejercieron o ejercen cargos públicos no han estado exentos de actos de corrupción, o terminaron sucumbiendo ante la indiferencia e indolencia del Estado. O simplemente no fueron capaces de reformarlo y reestructurarlo.

En consecuencia, con miras al proceso electoral del 2021, la desazón ciudadana debe orientarse hacia la formulación de propuestas de reforma del aparato estatal, y no en contra del modelo que ha generado riqueza y crecimiento económico. ¿Qué impide el crecimiento? La corrupción –uno de los males endémicos del país– disminuirá significativamente en tanto y en cuanto menor sea la discrecionalidad que tenga el funcionario público para administrar al ciudadano.

Para entender por qué se debe reformar el Estado basta con plantearse la siguiente pregunta: ¿es posible que una persona atesore el conocimiento generado por todas las actividades humanas? Evidentemente no. En consecuencia, ¿resulta admisible la pretensión del Estado o de alguno(s) de su(s) funcionario(s) para erigirse como el gran hacedor y formulador del orden social? Definitivamente no.

Cuando algún político o varios (porque más de uno busca ser el portaestandarte del “cambio de modelo”) propone(n) que el estado participe en la actividad económica y, por consiguiente, propugna el cambio del respectivo capítulo de la Constitución, lo que en verdad está diciendo es lo siguiente: “Yo sé que es conveniente para ti”. En consecuencia, la facultad de la ciudadanía para opinar, cuestionar y protestar pacíficamente respecto a una decisión de ese político deberá ser soslayada.

Esa pretensión mesiánica es propia de los líderes o gobernantes autoritarios que pueden llegar a la presidencia por medio de un proceso democrático, pero que una vez instalados en el poder hacen todo lo posible para perpetuarse en él. Hay varias experiencias en el contexto latinoamericano: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador de Rafael Correa, Argentina de los Kischner-Fernández, Bolivia de Evo Morales, etc. La virtud de los regímenes democráticos es que se sustentan en el cumplimiento de la legalidad. En consecuencia, estos últimos priman por encima de las voluntades coyunturales de la propia ciudadanía.

Cuando la ciudadanía demanda cambio de modelo, en realidad desea contar con mejores servicios de educación, salud e infraestructura. Por lo tanto, quienes aspiran a convertirse en gobierno el 2021, deben contemplar en sus respectivas propuestas:

1. Incentivar la conectividad (Internet) en todo el país.
2. Informatizar el Estado en un plazo de tres meses.
3. Seguir los pasos del emprendimiento privado. Reinventarse y hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. Resulta incomprensible que el estado mantenga las mismas tasas impositivas y, al mismo tiempo, imponga la reducción de la capacidad operativa de muchos negocios. El Estado pretende que el sector privado se contraiga, mientras él hace lo contrario. Y no necesariamente en función a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
4. Reducir los niveles de gobierno.
5. Confiar más en la ciudadanía para que ella asuma los beneficios y riesgos de sus propias decisiones. Que el ciudadano emplee una Declaración Jurada para comunicar al Estado qué piensa hacer y cuánto tiempo le tomará.
6. El Estado debe controlar ex post el cumplimiento de lo declarado y no ex ante, porque en este último proceso es que ocurren los actos de corrupción más significativos en perjuicio de la nación.