Burocracia del Interior desprecia la ley

Crítica del polémico proyecto de reglamento de la Ley de Armas.

Los políticos y burócratas de inspiración bolivariana, émulos de Hitler y Stalin y admiradores confesos de Fidel Castro y Hugo Chávez, consideran que la Constitución y las leyes son dos marcas de papel higiénico a las que hay que darles el uso correspondiente.

Además de la independencia de poderes y la obligación de los funcionarios del Ejecutivo de obedecer las normas emanadas del Legislativo y respetar la majestad del Congreso, nuestra Constitución establece niveles de jerarquía. Así, una norma legal solo puede ser derogada o modificada por otra de igual o superior rango. La Constitución no puede ser vulnerada por una ley, y tampoco una ley no puede ser vulnerada por un decreto supremo.

En defensa de nuestra soberanía, la Constitución también establece que las únicas normas legales de cumplimiento obligatorio son aquellas emitidas por los organismos nacionales correspondientes al rango de la norma y aquellas provenientes de tratados internacionales ratificados por el Congreso.

El derecho a la privacidad incluye la no divulgación de información que puede poner en riesgo al ciudadano o su patrimonio. La legítima defensa, inherente a la vida humana, también es consagrada por nuestro orden legislativo, así como el derecho a la defensa judicial, a la libre asociación,  y el derecho a no ser privado autoritariamente de la propiedad legítimamente adquirida.

Demás está decir que la obligación del Estado es proteger del accionar de la delincuencia a la vida y el patrimonio de los ciudadanos honestos, y no al revés como, parecen entender algunos funcionarios de este gobierno, que hacen alarde de desprecio absoluto al Estado de Derecho, como queda patente en el proyecto de reglamento de la Ley de Armas publicado en la web del Ministerio del Interior. Un proyecto puede contener errores subsanables, pero es inadmisible que esté construido sobre un desprecio al orden constitucional y una ignorancia absoluta sobre la materia que se pretende reglamentar, sumada a una concepción fantasiosa (inspirada sin duda por el ¨asesor presidencial¨) sobre la realidad que sufrimos los peruanos.

El proyecto de marras -además de violar reiteradamente la Constitución-,  propone que una infracción administrativa como la no renovación de licencia (causada hoy deliberadamente por la propia SUCAMEC) se convierta en delito. Vía un DS se pretende modificar la Ley que se debe reglamentar, estableciendo límites, prohibiciones, poder de veto castrense y criterios discrecionales (sinónimo de abuso, presión política, favoritismo, discriminación y corrupción) que el Congreso deliberadamente dejó de lado, como consta en las actas que preceden el acuerdo unánime del que nació el texto final. Se pretende además subordinar la Ley y los derechos de la población civil a directivas y criterios castrenses que, en todo país civilizado, rigen solo para los militares.

En flagrante violación de la privacidad de los ciudadanos libres y honestos, el proyecto también pretende divulgar quienes tienen o quieren tener armas, facilitando el trabajo de los delincuentes que deseen robarlas, proponiendo además, de modo soterrado, que SUCAMEC pueda allanar domicilios como lo hacía la Gestapo, amén de denegar, no renovar o cancelar licencias, permisos y autorizaciones con criterios esotéricos, como en Venezuela.

Nadie medianamente inteligente, bien intencionado y en su sano juicio, puede proponer resucitar las denuncias secretas del estalinismo y del Tercer Reich, ni realizar actos administrativos obedeciendo acuerdos y recomendaciones de organismos internacionales (¿UNASUR, ALBA?) que no tengan carácter vinculante por no haber sido ratificados por el Congreso.

Espero sinceramente que el Ministro Pérez Guadalupe reemplace de una vez a Pedraza en la conducción del MININTER y que, tras cuatro años al garete, retorne la lucidez a ese sector. De no ser así, el Congreso deberá ejercer su facultad de control legislativo.

Por Dardo López-Dolz