Boluarte-Otárola: tiempo de definiciones

Si bien es cierto que la ciudadanía ya ha aceptado que el Gobierno del Ejecutivo encabezado por la dupla Dina Boluarte y Alberto Otárola debe continuar hasta el 28 de julio del 2026, tal como lo establece la Constitución de la República del Perú, también es cierto que la población está a la espera de definiciones que contribuyan a una rápida reactivación económica, generación de empleo productivo, reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia, que son los principales motivos por los que la desaprobación a su gestión se mantiene elevada.

Del mismo modo, según estudios climatológicos realizados en el país y en el extranjero, lo más probable es que se afronte un nuevo fenómeno de El Niño, que azotaría con lluvias intensas la costa norte y centro, además del probable incremento de los casos de dengue. En esta circunstancia, la toma de decisiones se hace imperiosa y la ciudadanía no puede seguir esperando. Sobre todo, cuando el país cuenta con inversionistas que siguen teniendo confianza en el país y que desean apostar y construir obras públicas que fortalezcan la infraestructura hídrica que requiere la agricultura.

Tanto la presidente Boluarte como el primer ministro Otárola saben qué grupos económicos internacionales le han reiterado su confianza al Gobierno y al país, particularmente porque son inversiones de largo plazo que por su impacto impulsarán el engrandecimiento del Producto Bruto Interno nacional y dinamizarán las economías locales, provinciales y regionales. Además de complementarse con otras actividades como la agricultura y la ganadería. Si la dupla gubernamental toma la decisión correcta, de manera pronta y oportuna, motivarán a que otras inversiones recuperen su confianza en el Perú. Además, analistas políticos y científicos sociales sin anteojeras ideológicas consideran que éste es el mejor momento para sacar adelante proyectos mineros que se encuentran listos para iniciar su construcción.

Tengamos presente que, a la fecha, el optimismo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) se viene diluyendo con el transcurrir de los meses. Si a fines del 2022 tenían previsto que el 2023 las inversiones en minería alcanzarían US$ 5,600 millones, y que estas registrarían un incremento de 6.4% con relación al año previo, dicho monto parece haberse esfumado. De enero a abril del 2023, lo invertido por la minería alcanzó US$ 1,170 millones, una caída de 19.2% comparado con lo registrado el mismo periodo del 2022 (US$ 1,448 millones). El Banco Central de Reserva, siempre más cauto y certero en sus proyecciones, estima que la caída de la inversión minera será de 16.7% al cierre del 2023.

En consecuencia, es factible revertir esa tendencia siempre que el gobierno deje de lado las dudas y los cantos de sirena de quienes les suelen pronosticar hecatombes sociales, toda la violencia ya la desataron quienes no creen ni en la democracia ni en el desarrollo del Perú. La población de las denominadas zonas de influencia espera el pronto anuncio de la construcción de un proyecto minero relevante que lleva más de diez años en compás de espera.

Ya se cansaron de la falta de autoridad y del chantaje a que son sometidos por organizaciones que dicen no responder a interés alguno, pero que están al servicio de intereses foráneos que boicotean el desarrollo minero del Perú. Estos grupos son quienes financian a algunos cabecillas para confeccionar banderines que son colocados subrepticiamente sobre sus techos de las viviendas sin autorización de sus propietarios, porque el chantaje y la extorsión son los que priman bajo el ropaje de la defensa del ambiente.