Autoridad fallida en el transporte urbano de Lima

Nos encontramos frente al grave riesgo de golpear aún más la calidad de vida de los limeños, con restricciones a la circulación de vehículos privados. Aunque los perpetradores del #PicoYPlaca tengan las mejores intenciones, difícilmente llegarán a resultados positivos. Impedir la circulación de la mitad de los vehículos para aliviar el tránsito en grandes vías troncales, autopistas y vías-expresas en Lima Metropolitana, luce como una medida improvisada. Ya se ha puesto en aplicación en modo “piloto” y recién el alcalde Muñoz anuncia con “satisfacción” que el debate está abierto. La carreta delante de los caballos.

¿Por qué decimos que es una absurda improvisación? No solo porque se ha difundido escasamente, sino porque es alarmante la ausencia de otras medidas simultáneas o progresivas que acompañen lo que debería ser un plan integral para enfrentar la problemática del caótico transporte urbano en nuestra metrópoli. Para la implantación del #PicoYPlaca, el alcalde de Lima ha solicitado el apoyo de 240 efectivos policiales. Es decir que, en vez de combatir a la delincuencia que muestra guarismos alarmantes en nuestra ciudad, la policía va a perseguir ciudadanos honestos que han sido criminalizados por la burocracia municipal. Peor, imposible. 

Además de los estudios previos pertinentes que las autoridades ediles no han efectuado —con lo cual pretenden un criminal “prueba y error” o un “hacer camino al andar” en temas que exigen un alto nivel de dominio técnico y científico— hay evidentes vacíos legales y operativos, cuando no afectación flagrante de derechos ciudadanos que debemos denunciar.

Los ciudadanos pagamos impuestos para que las autoridades enfrenten dificultades y solucionen problemas, no para que los compliquen y, encima de eso, nos cobren más impuestos. En lo que va del 2019 se ha elevado doce veces el precio de los combustibles, lo que implica mayor cobro de impuestos. Los automovilistas pagan impuesto a sus vehículos cuando los compran, luego pagan el impuesto vehicular anual y además lo que les cobran cuando adquieren combustible.

Si se prohíbe circular en las horas pico en dos de siete días a todos los ciudadanos propietarios de vehículos privados, por lo menos deben devolverles proporcionalmente los impuestos que pagan para usar las vías de la ciudad. También debe tenerse en cuenta el costo de oportunidad en contra de los ciudadanos por esta prohibición. Nuestras autoridades muestran una vez más que no tienen el mínimo respeto por los ciudadanos, a quienes deberían servir leal y eficazmente.

Seguramente muchos ciudadanos, sometidos por estas arbitrariedades perpetradas por improvisadas autoridades ediles recurrirán a tomar ciertas medidas por ellos mismos para atenuar las consecuencias negativas. De hecho, algunas empresas podrían acordar con sus empleados horarios escalonados para alejarse de las horas-pico, otras optar por teletrabajo, flexibilizar el horario de entrada por la demora adicional, al no contar con auto propio, compartir autos con colegas de placas diferentes para viajar juntos en un solo vehículo, en vez de usar uno cada uno, estimular desplazamiento en tramos cortos usando bicicleta o mototaxi (no ayuda mucho, pero algo se logra), etc. ¿Acaso no podría haberse coordinado todo esto y algunas medidas más desde la propia Municipalidad Metropolitana, en vez de aplicar en forma ciega e inconsulta el #PicoYPlaca?

Sin embargo, las acciones de la municipalidad deberían abordar temas mucho más complejos, además de los mencionados, que son temas menores, aunque deseables. Tratemos algunos de ellos. El proyecto de semaforización centralizada y de alta tecnología, para controlar el gran tránsito de la ciudad, sigue durmiendo sin que ninguna autoridad se atreva a llevarlo a efecto. Este es el momento.

También debe continuarse con el incremento de líneas y unidades en corredores y en el sistema de buses Metropolitano, tarea que la anterior administración municipal ralentizó y la actual ha sido incapaz de volver a dinamizar. Definir carriles exclusivos para grandes buses y taxis en avenidas como La Marina, Javier Prado o Panamericana Norte y Sur —por mencionar algunas— está en la línea de mejorar la calidad y cobertura del servicio que presta el transporte urbano masivo.

Igualmente, levantar el veto irracional de “no permitir” transporte urbano en ciertas avenidas como San Borja Norte o San Borja Sur —por poner dos entre muchos ejemplos— pues el transporte masivo debe llegar a la mayor cantidad de espacios posibles en la ciudad. Sabemos que solo acercándonos y convenciendo a quienes se movilizan en vehículo propio para que accedan a usar el servicio masivo de pasajeros, avanzaremos en reducir la gran congestión vehicular y lograremos mayor orden.

El reordenamiento en rutas que en este momento son servidas por unidades pequeñas y medianas, para migrar a grandes unidades, debe pasar por un proceso de asociación y accionariado ofrecido a esos pequeños y medianos propietarios en la nueva empresa (con un nuevo modelo de negocio) que administre las grandes unidades. No se les puede negar ejercer su derecho a ganar el sustento diario, ni tampoco desplazarlos sin que haya alternativas racionales y objetivas para ellos. 

No debemos temer al subsidio —siempre y cuando sea financieramente sostenible— en el transporte urbano masivo de pasajeros, porque es muy difícil mantener un precio razonable y brindar un servicio de calidad. Se requiere cubrir la diferencia entre el precio real (asociado a una calidad deseada) y el precio al público. En todo caso, los impuestos que se recaudan afectando a vehículos automotores no deben usarse para financiar otras actividades que no sean propias del mantenimiento de vías y el servicio a los pasajeros de transporte urbano masivo. Tampoco debemos temer una evaluación para anular ciertos tipos de impuestos vehiculares, buscando que el precio sea asequible. Este es un tema abierto, en el cual las autoridades hacen poco o nada, más allá de estructuras de financiamiento y compensación en el sistema de buses Metropolitano o en el ‘Tren Metro’.

En su momento se estaría trabajando la articulación de rutas alimentadoras para las nuevas líneas del Tren Metro. Es curioso, no se ha hecho un trabajo en ese sentido para la línea existente Villa El Salvador - Bayóvar. Creemos que este es el momento de ir trabajando el tema. En forma espontánea, los pequeños y medianos transportistas han desarrollado su propia red para alimentar al Tren Metro. Debemos aprovecharla para aprender de ello.

Todo lo indicado y más —el espacio aquí es limitado— se pudo haber integrado en un verdadero plan maestro para enfrentar el grave problema del caos vehicular. Es inaceptable que se imponga algo tan puntual e improvisado como el #PicoYPlaca. Hay diversos estudios desarrollados por instancias estatales y privadas en referencia a la ciudad, hay muchas ideas que van y vienen, pero la autoridad edil parece desconocerlos. Es hora de ponerse a trabajar en serio, Sr. Muñoz.