Autodefensa social en debate

Sobre la movilización ciudadana contra la delincuencia y el derecho.

A fines de los 80 e inicios de los 90, el enemigo común y más grande era la subversión y las rondas y comités de todo tipo ya ejercían la autodefensa social. La delincuencia también era reprimida y castigada como ahora, pero aquellas prácticas adquirieron notoriedad en la lucha contra el terrorismo. Pese a la ferocidad y los móviles ideológicos de éste último, en algunos sectores de la academia y del periodismo se instaló el debate sobre la legalidad y legitimidad del uso de la violencia y de aplicar la justicia con propia mano, como ahora viene sucediendo por la aparición de la campañas “Chapa tu choro y déjalo paralítico”.

Las organizaciones de autodefensa fueron pieza clave en la derrota social y militar del terrorismo y en su aislamiento ante la agresión que éste ejercía en muchas zonas rurales y urbano.marginales. Llegado el momento -y felizmente- las fuerzas del orden entendieron que apoyar estas iniciativas, alinearse con ellas, ponía al Estado del lado de la población en un solo bloque contra el agresor.

Tal ha sido el reconocimiento de estas iniciativas que en más de un desfile militar por Fiestas Patrias hemos visto ronderos y comuneros armados desfilar al lado de las FFAA y PNP.

Ello no quita que la razón de ser de algunas organizaciones (sobre todo las rondas cajamarquinas y piuranas) sea impartir justicia y, entre otras cosas, decretar castigos violentos de todo tipo, lo que hasta hoy convive con el sistema oficial de administración de justicia y de represión del delito. Se conocen casos de violaciones en las que incluso terminan en el linchamiento y muerte del autor o presunto autor.

A estas formas ancestrales de “administración de justicia popular”, hoy se suma la aguda realidad de inseguridad e impunidad que sienten millones de peruanos por el crecimiento del crimen. No es extraño esperar, por tanto, que no pocos vean en las vías no oficiales o ancestrales (según el caso) formas mucho más reales y eficaces de protección que aplicar los códigos que nos gobiernan.

Que desde una perspectiva oficial y occidental lo anterior es una claudicación del Estado de Derecho, pues no cabe la menor duda. Que enunciar, denunciar y sancionar estas prácticas va a impedir que ocurran, es tan falso como esperar que la confianza al 100% en policías, fiscales y jueces se instale al 100% en el Perú mañana mismo.

¿La salida?. En primer lugar, el tan ansiado plan de seguridad ciudadana que algún día llegará, y que no solo alcance la reforma policial sino también a la administración de justicia y la penitenciaria.

Pero también debe recogerse la exitosa experiencia antiterrorista. Es decir, promover la participación ciudadana en cuanta instancia organizativa y preventiva contra la criminalidad pueda darse. Donde el rol de alcaldes y autoridades es crucial no solo en la represión vía serenazgo sino en las labores de vigilancia e inteligencia.

Y en lo que se refiere a la  administración de justicia, distritalizando fiscalías (vean el plan piloto en Miraflores), juzgados y hasta el cumplimiento de sanciones vía trabajos en favor de la comunidad para delitos menores.

Salidas hay, lo que falta es voluntad política para ponerlas en marcha. ¿Algo de esto tienen que decirnos los candidatos?

Por: Mario Saldaña C.(@msaldanac)