¿Antiminería o subversión?

Los agitadores profesionales engañan a las comunidades

Resulta patético comprobar que cada vez que logran encender un conflicto violento mediante enfrentamientos policiales que provocan víctimas, los llamados “antimineros” obtienen una victoria más en su estrategia para combatir un sistema político y económico capaz de crear riqueza y distribuirla para reducir pobreza. Su táctica ha probado ser eficaz con todos los gobiernos. Se fomenta y aprovecha los desacuerdos entre las comunidades y las empresas mineras para generar la crisis y forzar un “diálogo”. El propósito es hacer fracasar ese diálogo, paralizar la actividad minera, criminalizar a la Policía, exigir la presencia del primer ministro, humillar al Gobierno y crear las condiciones para la censura del ministro del Interior, si no del propio Gabinete.

Nadie duda que, con frecuencia, se presentan situaciones y divergencias de intereses entre las comunidades y las empresas que explotan minerales o recursos naturales, especialmente en un territorio tan rico en reservas que necesitan inversiones para ponerlas en valor, en beneficio de todos los peruanos. Así lo prueban proyectos como Cerro Verde, Antamina, Camisea o Las Bambas, que han cambiado la economía nacional, creando bienestar para todos, pero muy especialmente para las poblaciones cercanas a las minas o yacimientos en explotación. Los conflictos pueden y deben ser superados armoniosamente, si es necesario con la intervención positiva o el apoyo del Estado como facilitador del diálogo entre quienes quieren resolver sus diferencias pacíficamente y de buena fe.

Lo que los gobiernos no deben hacer es ignorar que la “Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno”, además de las otras obligaciones que le asigna la Constitución en su artículo 166; como proteger a las personas y la comunidad, y garantizar “el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y el privado”. Si el radicalismo extremista y los agitadores profesionales engañan a las comunidades, haciéndoles creer que mediante el uso de la violencia pueden lograr que los gobiernos obliguen a las empresas a concesiones desmesuradas, no estamos frente a un intento de diálogo sino de extorsión por la fuerza. Y si, como el propio ministro del Interior ha informado, las fuerzas policiales tienen bien identificados a los subversivos agitadores, o a los sinvergüenzas que estafan a los comuneros, pues lo que corresponde es actuar contra ellos.

Los gobiernos no pueden desprestigiar al Estado que administran ni anteponer sus intereses políticos (o su deseo de evitar problemas) a la paz, la libertad, la seguridad, la propiedad, el orden y el bienestar, que son derechos fundamentales garantizados por la Constitución y por todos los tratados internacionales de derechos humanos. Promoverlos y defenderlos es una obligación inherente al estado de derecho propio de la democracia que queremos consolidar en el Perú.

J. Eduardo Ponce Vivanco