Antídotos contra la corrupción

Total transparencia y prepublicación de todas las decisiones administrativas

Todos los estudios sociológicos y jurídicos sobre la corrupción señalan que revertir el secretismo en el manejo de la cosa pública es el primer antídoto contra la corrupción. Si todos los actos públicos son expuestos al escrutinio ciudadano, utilizando la tecnología y los diversos medios electrónicos que tenemos a la mano, se disminuirán drásticamente las posibilidades de que las mafias y grupos mercantilistas utilicen las riendas del Estado para beneficio propio. Se evitarían casos como el reciente escándalo de los “Moreno audios”.

El otro antídoto es la obligatoriedad para que las normas legales, convenios y contratos se sometan a una prepublicación, antes de aprobarse y ejecutarse. De esta manera, la opinión pública, los grupos de interés, el periodismo de investigación y los colectivos ciudadanos tendrían la oportunidad de explorar si detrás de las normas legales propuestas existen intereses nada santos o que pueden perjudicar a los ciudadanos en beneficio de unos cuantos.

Para el caso de lo que llamaremos el primer antídoto, después de los numerosos actos de corrupción ocurridos en la década de los noventa se publicó la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con su correspondiente reglamento. La referida norma obligaba a todas entidades públicas a publicar toda la información presupuestal, contractual, remuneraciones, proyectos de inversión, instrumentos de gestión, entre otros aspectos. Igualmente se regulaba el procedimiento y los plazos para que las entidades públicas y las empresas de servicios entreguen la información que los ciudadanos o entidades soliciten. Con el paso del tiempo, esa norma se mostró pusilánime porque carecía de mecanismos punitivos eficaces cuando las entidades del Estado no cumplían con aquello que principistamente la ley ordenaba.

Cobra aquí sentido la propuesta que el Poder Ejecutivo estaría por promulgar, en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, para crear una superintendencia nacional que supervise el cumplimiento de ley de transparencia. Será esta la instancia que dicte y ejecute las sanciones necesarias o denuncie penalmente a aquellos funcionarios públicos que no cumplan con lo que prescribe la ley o se nieguen a entregar la información que solicitan los ciudadanos. En este aspecto, por ejemplo, en Chile y México —a través del Consejo para la Transparencia (CPLT) y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), respectivamente— ya vienen funcionando estas entidades desde hace varios años y con mucho éxito.

El segundo antídoto es la institucionalización del procedimiento de prepublicación de normas legales, contratos, convenios y otros actos administrativos, antes de ser aprobados definitivamente. Por ejemplo, si estuviera en vigencia un procedimiento legal que obligue a esto, el proyecto de convenio que el inefable médico y ex asesor presidencial Carlos Moreno quería imponer entre bambalinas —para favorecer a un sector privado de salud y un grupo de médicos en el Minsa, con tarifas especiales y abusivas— hubiera sido prepublicado en algún portal electrónico estatal o incluso en el diario oficial El Peruano. En ese caso, rápidamente los intereses que se ocultaban detrás de ese propósito hubieran sido ventilados públicamente y luego bloqueados.

Es obvio que, la creación de ambos mecanismos o entidades para revertir la cultura del secreto y la aprobación discrecional de normas, convenios y contratos siempre encontrará resistencia de parte de la burocracia estatal, de las mafias o grupos mercantilistas. Pero es imprescindible insistir no solo en su creación legal, sino también lograr su efectiva institucionalización para crear una costumbre de que casi nada en el Estado debe quedar en el secreto. Ni siquiera las reuniones que el presidente, sus asesores, ministros o funcionarios tienen diariamente en sus correspondientes despachos.

Si se generan estos dos potentes antídotos contra la corrupción serán además muy útiles para evitar esa extraña esquizofrenia de los parlamentarios, por la cual se desgañitan diariamente denunciando diversos escándalos. Pero no dicen nada sobre el hecho de que el Portal Electrónico del Congreso es uno de los que menos información brinda, violando la Ley que el mismo Congreso aprobó. Por eso los ciudadanos no tenemos acceso a las normas legales que están prontas a debatirse en el hemiciclo.

Neptalí Carpio