¿Antesala de la corrupción o del bien común?

La actividad empresarial es criticada por los sectores de la izquierda bajo el erróneo supuesto de que todo aquel que inicie un emprendimiento tendría garantizado el éxito. Pero en la práctica, esta producción de bienes o servicios para lograr el mayor número de consumidores, y con ello la rentabilidad, no siempre funciona. Estudios a nivel mundial han demostrado que los negocios tienen un tiempo de vida promedio de cinco años, con un 70% de probabilidades de fracasar, lo que evidencia los altos riesgos.

En realidad, lo que hoy se debate es el papel de los lobbies y su rol en la política de los países, especialmente a partir de las redes de corrupción y los beneficios obtenidos de forma ilícita por algunas empresas en América Latina durante los últimos años. Concretamente, un lobby es un grupo de presión que representa a un colectivo de intereses comunes, que realiza acciones dirigidas a influir en la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector de la sociedad. Los primeros lobbies estuvieron representados por los sindicatos, cuyas luchas propiciaron grandes avances encaminados hacia el bien común. 

El lobbismo es una actividad política avalada por la Constitución en el Artículo 2, Numeral 20: “Toda persona tiene derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad”. Estas atribuciones otorgan a los ciudadanos el derecho a presentar solicitudes frente a las autoridades y participar en las decisiones de los organismos públicos.

Existen distintos tipos de lobbies o grupos de presión. En cualquier caso, la estrategia para lograr un objetivo que se traduzca en un beneficio o el bien común puede ser ejercida por gremios, sindicatos, empresas o asociaciones que representan intereses específicos ante los poderes públicos o de forma indirecta, movilizando a la opinión pública para lograr un objetivo ante los poderes del Estado.

Los profesionales del lobbismo presentan las propuestas ante las autoridades a fin de lograr decisiones favorables a los intereses de los grupos que representan, pero las decisiones finales tienen que traducirse en un beneficio para la sociedad o algún sector de la población en particular. El problema radica en la falta de transparencia de estas iniciativas que deberían involucrar no solo la participación de los grupos de presión y los representantes del Estado, sino además ser sustentadas ante la opinión pública con información académica y de especialistas que expliquen los beneficios y limitaciones de cada iniciativa. 

Felipe Gutiérrez, presidente de Concertum, hace una distinción entre el lobby profesional y el lobby informal. Afirma que el lobby profesional es la articulación de actividades, entre las cuales la investigación es fundamental para convencer a las autoridades con argumentos que tengan un correlato con las políticas públicas y el bien común. Los argumentos deben ser presentados en forma organizada y difundidos, así este intercambio será democrático y permitirá que todos puedan acceder legítimamente a la información antes de que las decisiones sean tomadas. 

En países como México, Argentina, Brasil y Estados Unidos, el lobbismo ha sido regulado para lograr el ordenamiento jurídico. No obstante, en la opinión pública el lobby ha ganado una connotación peyorativa como consecuencia de los grandes escándalos de corrupción. El mercantilista que actúa de acuerdo con sus propios intereses, lucrando a costa del tesoro público, no es un empresario sino un delincuente; y la complicidad con los funcionarios públicos genera un círculo vicioso que debemos combatir sin tregua a los infractores. 

En el Perú se han logrado algunos avances para regular el lobbismo, como la iniciativa de la Secretaría de Integridad Pública, responsable de la conducción, implementación y evaluación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En esta entidad se ha aprobado, respecto al registro de visitas, una directiva modelo que obliga a los funcionarios a inscribir no solo la visita de los interesados y el nombre de los funcionarios visitados, sino además completar en un formulario el pedido y el proyecto en cada una de sus entrevistas, y el detalle de las negociaciones legítimas, quedando todo registrado en línea. Pero aún hay mucho camino por recorrer.

El lobby como mecanismo legítimo, regulado y normado con transparencia se convierte en la única vía para lograr la competitividad y beneficios para nuestra sociedad en el marco del bien común. Esto no será posible si no se logra recuperar el respeto a los valores y la integridad; no solo de nuestras autoridades, sino también de todos aquellos involucrados en estas actividades, los que deben velar por el cumplimiento de la legalidad.

La ola de actos de corrupción sin precedentes que presenciamos en los cortos meses del gobierno de Pedro Castillo no es otra cosa que la mala elección de funcionarios que desconocen las reglas de juego del sector público. Funcionarios que son incapaces de entender la problemática del sector que representan y que no tienen principios, valores ni amor al país. Todo ello está agravado por sus propios antecedentes, en muchos casos penales.