Aborto y ficción jurídica

Un enfoque en torno al proyecto de ley que propone despenalizar el aborto

El fin de la política es resolver problemas y generar condiciones adecuadas para que la sociedad se desarrolle. Toda ley debe ser evaluada en sus resultados y, si estos son negativos, cambiada sin reproches. No importa si se promulgó con las mejores intenciones evocando los principios más nobles; si no dio resultados debe derogarse. Mantenerla solo por defender principios idílicos a costa de empobrecer la realidad es absurdo. Las leyes no son para promover principios ni ideales.

Lamentablemente el Estado suele ser capturado por sectores ideologizados que usan las leyes para imponer su doctrina. Nuestra Constitución está plagada de ideología ridícula que trata, por ejemplo, de imponer un igualitarismo ramplón en todos los aspectos, desde los sexos hasta las lenguas y culturas. Al menos se ha reducido algo la frondosa charlatanería de la Constitución anterior. En lo que compete a la vida de las personas lo único que corresponde es respetar su libertad, dejando que ellas tomen sus propias decisiones en busca de su bienestar y felicidad. El Estado no puede imponer estilos de vida y decidir por todos.

Hoy se discute despenalizar el aborto para enfrentar el problema de miles de mujeres que cada año abortan clandestinamente poniendo en riesgo su vida y salud. No podemos ayudarlas porque el aborto está penado, aunque eso es una ficción jurídica pues nunca se ha condenado a nadie. Hay gente ilusa creyendo que así se protege al concebido, pero es una mera ilusión. Penalizar no es lo mismo que proteger. Y dado que esa ley no protege (como es obvio) y tampoco hay penalizados, no es más que una real tontería. Eliminarla permitiría al menos ayudar a esas mujeres y salvar sus vidas. ¿Por qué no se hace? Porque el Estado está capturado por un pensamiento único: la vida es sagrada y, por tanto, intocable desde la concepción. A esos sectores les interesa más el dogma que la realidad, la mujer no vale nada sino la sacrosanta vida que está en su útero y pretenden obligarlas a parir.

En vez de debate hay una campaña contra el aborto recubierta de alegatos seudocientíficos. Ni siquiera cabe un debate jurídico ya que ese marco legal está cuestionado. Han trastocado el verdadero objetivo del pedido llamando asesinos y promotores del aborto a los peticionarios. Los defensores de la vida pueden proseguir con sus marchas cada semana si lo desean, convocar a los millones que dicen reunir para cargar pancartas. Pueden, sin duda, impedir que la ley se cambie. Tienen el poder para hacerlo ya que el Congreso está repleto de soldados de la fe en cruzada permanente.

El único problema es que no podrán cambiar la realidad. Cada año seguirán las centenas de miles de mujeres abortando clandestinamente porque no quieren ser madres como producto de una violación, o no desean traer más hijos a la miseria; y muchas de ellas seguirán muriendo. Carecen de toda ayuda porque los mismos cruzados también se opone a los métodos anticonceptivos. Las que no aborten empeorarán su situación al tener hijos con su padre o su padrastro o su hermano o sin saber de quién, incrementarán su pobreza y la sociedad seguirá degradándose con mayor delincuencia a menor edad, con sicarios adolescentes y pandillas juveniles.

El problema no es si estamos a favor del aborto o cuándo comienza el embrión a ser humano. El problema real es que hay mujeres muriendo por abortos clandestinos y la ley nos impide ayudarlas. Se trata de ayudar a estas mujeres porque ellas seguirán abortando ante la soledad y desesperación de sus vidas. Lo que se busca es atender una realidad social respetando la libertad individual. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad por acatar consignas y dogmas de fe. Los antiaborto pueden proseguir con sus campañas y promover sus ideales y valores. Nadie se los impide. Pero no pueden pretender regir la vida de todas mujeres a la fuerza ni condenarlas a muerte porque no piensan igual.

17 – Jun – 2015