A por los corruptos

El presidente debería pararse frente al país a defender a su ministro

A raíz de las recientes denuncias de casos de corrupción en el Ministerio de Educación, el Congreso, de mayoría fujimorista, aprobó la interpelación al ministro Jaime Saavedra. La responsabilidad política le alcanza, dicen. No es novedad que la corrupción en el Perú es endémica y que nos afecta a todos los ciudadanos, porque impide el correcto uso de los recursos del Estado. Pero algo que sí puede resultar novedad es que todos los ciudadanos somos responsables de esa corrupción. Porque para que haya un funcionario corrupto, tiene que haber alguien que lo corrompa y que al hacerlo se beneficie. Y también muchos que miren hacia otro lado.

La corrupción es latente, está en todos los ministerios y organizaciones estatales y nos enfrentamos a ella día a día. Tenemos sistemas de corrupción instalados tanto en el Estado como en las empresas privadas. En el sector público tenemos una capa de funcionarios de mando medio y con poder de decisión, encargados de adjudicar contratos y licitaciones. Tenemos también funcionarios que imponen “tasas” para otorgar autorizaciones. Y es que la corrupción paga, y paga bien.

La corrupción genera costos de transacción elevados que son asumidos por el Estado. Ello en la medida en que los costos que genera (léase las comisiones de los “gestores de intereses”) están ya incluidos dentro de los costos presupuestados en una licitación. La diferencia entre un país desarrollado y uno en desarrollo es que en el primero todos los ciudadanos tienen igual acceso a las instituciones políticas y económicas; mientras que en el segundo son los grupos de interés los que capturan dichas instituciones para su beneficio y en perjuicio de los demás.

El ministro Saavedra —el más capacitado y preparado que hemos tenido en el Perú, y con una sólida experiencia internacional— viene implementando una reforma del sector, consistente y necesaria, y al hacerlo se ha enfrentado a muchos intereses mercantilistas que vienen pidiendo su cabeza desde hace varios meses y con diversas excusas. Grupos de interés que son representados por congresistas porque, créanme, la corrupción y los intereses campean en el Congreso.

Seamos claros: pedir la cabeza del ministro Saavedra no va a acabar con la corrupción del sector educación, porque esta no está ligada al ministro sino a los funcionarios de mando medio que llevan mucho tiempo enquistados. Si el ministro se va, y su gente de confianza con él, los corruptos se quedarán y aquí no habrá pasado nada. Lo que no seguirá es la reforma y la revalorización del sector educación que el ministro ha emprendido.

Dentro de los mecanismos de buen gobierno que caracterizan a los países desarrollados —y que son necesarios para la gobernabilidad, la estabilidad y lograr acabar con la corrupción— están la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Ninguno de estos está presente en el Estado peruano. Es momento de comenzar. El presidente debería pararse frente al país con su gabinete a defender a su ministro. Porque la lucha es contra los corruptos, no contra quienes entraron al Estado para construir un mejor país y jugársela por nosotros.

A la corrupción tenemos que mirarla a la cara y enfrentarla. Comencemos por transparentar todos los intereses de los congresistas. Sigamos acabando con las oficinas encargadas de las compras del Estado, que son ollas de corrupción capturadas por grupos de interés ajenos a los intereses públicos. No olvidemos los intereses mercantilistas de las empresas que buscan capturar las rentas del Estado para enriquecerse. Contra ellos también tenemos que irnos.

El maltrato del que está siendo víctima Jaime Saavedra y su familia es inaceptable. El más grande honor, ministro, es el insulto del que se sabe culpable.

María Cecilia Villegas