¡Todo el poder al burócrata!

Resolución del TC confirma proyecto estatista de Minedu

El Tribunal Constitucional acaba de decretar que la nueva ley Universitaria impulsada por el régimen nacionalista es constitucional. Ha establecido, además, que la existencia de la Superintendencia Nacional de Administración Universitaria (Sunedu) no viola la autonomía universitaria. Asimismo, de una u otra manera, ha reconocido que en la aplicación de la nueva norma universitaria existe “una interferencia en la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, pero ésta es legítima y proporcionada, ya que permite alcanzar un alto grado de satisfacción del derecho a la educación universitaria”.

En otras palabras, el TC ha dicho que la reforma de Saavedra va. En una democracia donde existe un Tribunal que declara constitucional o inconstitucional las leyes, sus resoluciones se acatan y así debe ser. Sin embargo también en una democracia los  legislativos tienen el derecho a reformar a “los reformadores”, y así debería suceder en el futuro con la llamada reforma del ministro Jaime Saavedra y los burócratas que hoy conducen el Minedu.

En el Perú es evidente que se necesita reformar la universidad y avanzar hacia la acreditación y la calidad de las carreras. El debate se centra en quién debe encargarse del proceso. La resolución del TC nos dice que debe ser el estado no obstante que éste es el principal responsable del desastre educativo.

La estrategia de la izquierda en crear un sentido común estatista para una salida a la crisis universitaria fue bastante eficaz: todos los males fueron atribuidos a la inversión privada no obstante que las universidades  estatales y asociativas (modelo de la Católica) tienen tremenda cuota de responsabilidad en la crisis. Vale recordar que la Garcilaso, por ejemplo, desarrolla el modelo organizacional de la universidad de Pando.

Y el éxito de la estrategia izquierdista tuvo que ver con las demoras en poner en marcha el sistema de acreditación del SINEACE. En el preciso momento que más de 3 mil comités de calidad en colegios, institutos y universidades se movilizaban por la acreditación y la calidad, luego de siete años de trabajo, vino el zarpazo estatista.

Se prefirió al burócrata en vez de impulsar la calidad mediante este sistema de acreditación que funciona de abajo hacia arriba, y que debería expresarse en un Observatorio Nacional que ofrezca información a los consumidores (padres de familia y estudiantes) para que conozcan qué carreras están acreditadas, qué universidades tienen los estándares adecuados y, de esa manera, entierren a las malas universidades con la elección de la matrícula.

Hoy el burócrata puede sancionar a una universidad si interpreta un artículo de la ley universitaria en contra de un comisario universitario, también puede dejar sin recursos a una universidad si es que sus autoridades pretenden destinar recursos para la acreditación de calidad de abajo hacia arriba. Hoy el burócrata puede sancionar de acuerdo a su regalado gusto.

Algo peor. El general Daniel Mora, convertido en el ideólogo de la reforma estatista, ha propuesto una iniciativa para prohibir la creación de institutos de educación superior con fines de lucro. El círculo se completa. ¿En qué momento permitimos que se creara este especie de zona negra de la economía de mercado que vulnera el espíritu de la Carta Política?

Si bien los demócratas deben acatar la resolución del TC, el espíritu del acuerdo del Tribunal por simple mayoría, con una comunidad universitaria enfrentada y en batalla campal, es autoritario y desconoce cuál es la esencia de una sociedad abierta. En libertad es absolutamente incompatible que se imponga un modelo de universidad y se excluya a otros. De allí que apenas se instale el nuevo Legislativo en el 2016 se debe derogar el desorden y la destrucción que ha creado la reforma de Saavedra.

Por: Víctor Andrés Ponce