¿Por qué Vizcarra va a la guerra?

Luego de los CNM-audios y el mensaje de Fiestas Patrias, el presidente Vizcarra ha comenzado a desarrollar una crítica a todas las instituciones del sistema democrático —desde el Congreso, pasando por el Poder Judicial, hasta la Fiscalía— intentando liderar la indignación en contra de la corrupción. Evidentemente semejante aproximación siempre será una buena estrategia para un jefe de Estado que necesita afirmar su mandato, sobre todo considerando la manera cómo él asumió el poder. Sin embargo, Vizcarra ha comenzado a cruzar una raya peligrosa que puede quebrar su gobierno y poner en riesgo las reformas y la propia democracia.

Si el Presidente no actúa con razón, con ventaja y sin sobrepasarse —como reza el viejo aserto que repiten los políticos formados—, el resultado de sus acciones podría consolidar la idea de que las instituciones no pueden procesar las reformas del sistema de justicia y que, por lo tanto, valen todas las salidas excepcionales. En un desenlace extremo de la crisis, el presidente Vizcarra casi no tiene nada que hacer, a menos que se convierta un mesías que sojuzgue todas las instituciones. Si alguien de su entorno considera que intensificar el golpe a las instituciones y un eventual adelanto electoral sirven para la actual administración, en realidad no sabe nada de política. Es un marketero de productos masivos.

Sin embargo, podría darse el caso de que las reflexiones de Vizcarra y su equipo no consideren las posibilidades excepcionales. Si es así. vale señalar que la conducta presidencial sí puede contribuir a crear la profecía auto cumplida. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si en el Perú no hay masas protestando en las calles contra la corrupción es porque las instituciones han funcionado: se destituyó a los miembros del CNM, se acusó constitucionalmente a magistrados supremos en el Congreso y se detuvo a los presuntos integrantes de “Los Cuellos Blancos”. Pero si el jefe de Estado, a sabiendas que existe plazos y debido proceso, lanza la pedrada contra el Legislativo exigiendo celeridad en la acusación constitucional contra Pedro Chávarry, la percepción de que las instituciones son sinónimo de impunidad crecerá como una ola.

Los ataques presidenciales a las instituciones también puede tener otro efecto negativo: que la judicialización de la política recrudezca. Por ejemplo, luego de los ataques presidenciales a la Fiscalía, en las redes sociales circuló la información de que el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez había archivado el caso Chinchero, y que el nuevo fiscal de la Nación iba reabrirlo y que había ordenado investigar a Vizcarra en Moquegua. En la polarización —peor aún entre autoridades— las fake news engordan. Sin embargo, la desesperación en la guerra puede llevar a convertir a las profecías en auto cumplidas. ¿Cuál es la mejor manera de un fiscal de demostrar que el jefe de Estado lo ataca innecesariamente? La respuesta parece evidente.

Fustigar a las instituciones para que la imagen presidencial represente la indignación ciudadana contra la corrupción puede tener valor para el establishment que agoniza en medio de la crisis —intentando adelantar las elecciones para que no se investigue Lava Jato y para que se derogue la Ley Mulder— o quizá para aumentar unos puntos en la próxima encuesta. Sin embargo, puede convertirse en el bumerang que determine el fracaso de la administración. Un fracaso que sería de toda la democracia y de la posibilidad de concretar las reformas.

El presidente Vizcarra quiere levantar una ola que no podrá controlar: no tiene equipo, partido, operadores ni la pericia política suficiente. Y no solo se trata de que escaseen los recursos, sino que esa estrategia no corresponde a un jefe de Estado en una democracia o a un mandatario democrático. En democracia los presidentes no buscan arrinconar a las instituciones, como sucede en los regímenes chavistas. Muy por el contrario, buscan reformarlas utilizando los procedimientos establecidos en la Carta Política.