La urgencia de la dignidad policial

Diversos colectivos vinculados a la familia policial han decidido declarar como “día de la dignidad policial” este 5 de febrero, evocando las protestas policiales en contra de la dictadura militar. Al margen de lo polémico de la fecha, es incuestionable que la Policía Nacional del Perú (PNP) necesita recuperar la dignidad luego del estropicio causado por la actual administración Sagasti con el pase al retiro de 18 oficiales generales. El asunto es una herida abierta en la institución policial, sobre todo porque, de un solo golpe, se cortaron las carreras de muchos oficiales que entregaron la vida a su institución y no se merecían semejante desenlace.

La idea de la dignidad policial debería llevarnos a formular una pregunta: ¿puede haber una sociedad democrática, un sistema republicano basado en instituciones que controlan el poder sin una policía nacional? Es evidente que no. Durante las protestas de minorías radicalizadas en contra de la mejor ley económica de las últimas dos décadas, la Ley de Promoción Agraria, comprobamos lo que significa no tener una policía. Menos de 3,000 mil personas bloquearon carreteras y pusieron de rodillas al Ejecutivo y el Legislativo interinos. Si bien esa estrategia también fue promovida por la mesa directiva del Congreso, es incuestionable que en ese momento no hubo república ni instituciones, sobre todo frente a un grupo de bancadas que no parecían entender qué había significado la ley que, finalmente, fue derogada.

Pero, ¿por qué no hubo policía y las minorías radicalizadas se impusieron sobre las instituciones? Era evidente que la administración Sagasti había sido apresada por su propia estrategia y discurso frente a la PNP. El Ejecutivo había descabezado la institución policial, asumiendo todo el discurso de la izquierda que demonizaba a la policía y la presentaba como violadora de DD.HH., luego de la lamentable muerte de dos jóvenes. En ese contexto, ¿qué podía hacer el Ejecutivo? ¿Invocar la Constitución y el principio de autoridad frente a la anarquía? Era imposible.

Las minorías radicalizadas y las corrientes comunistas y colectivistas tomaron nota: el Perú estaba desguarnecido, no tenía policía y, entonces, cualquier estrategia que ejerciera violencia para bloquear las inversiones podía prosperar. En esas estábamos cuando se vino la segunda ola, que impulsaron las marchas de noviembre en contra del gobierno de Manuel Merino. De alguna manera la pandemia encalló la nave gubernamental, pero también la salvó de una oleada de radicalismos anti inversión.

Del recuento de estos hechos queda en evidencia que no puede existir un sistema republicano sin una buena policía nacional, y de allí la urgencia de devolverle la dignidad a la PNP. Claro que se necesitan reformas para que la Policía Nacional desarrolle mayores vasos comunicantes con la población y los gobiernos locales, pero de ninguna manera se deben aceptar las propuestas de la izquierda, que pretenden desmantelar a la entidad policial.

Si eso prosperará, entonces, estaríamos allanándonos a una estrategia de poder de un sector que nunca ha ganado una sola elección.