¡Guerra total por el TC!

La elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) —que, de acuerdo a la Constitución y la ley orgánica del propio TC, el Congreso está obligado a desarrollar— ha desatado una virtual guerra civil que, de pronto, parece postergar la importancia de la propuesta del presidente Vizcarra de adelantar o no las elecciones generales.

Es una guerra sin cuartel en la que algunos medios propalan audios sin trascendencia con el objetivo de poner a la defensiva al Congreso. Una acción que motivó la inmediata reacción del presidente del Legislativo, Pedro Olaechea, quien anunció que el procurador del Congreso interpondría denuncia penal al Ministerio Público. El propio presidente Vizcarra habló de manipulaciones y componendas alrededor de la elección. En el acto, Olaechea volvió a responder invocando al jefe de Estado a rectificarse en la declaración, porque no se ajusta al texto constitucional.

La guerra, pues, es total. Pero el desarrollo de las acciones permite establecer un balance preliminar. La idea de que las fuerzas entre Ejecutivo y Legislativo se han equilibrado por primera vez después del referendo pasado cobra vigencia, sobre todo porque Olaechea se ha convertido en el rostro y la voz de la oposición. Una oposición que no existía desde el encarcelamiento de Keiko Fujimori y los dirigentes de Fuerza Popular, y el suicidio del ex presidente Alan García. Quizá allí resida la gran novedad de la coyuntura.

Las cosas parecen haber llegado tan lejos que reconocidos abogados, de sólida formación jurídica, llegan a sostener que quizá se podría considerar la posibilidad de una cuestión de confianza para evitar la elección de los miembros del TC. En el colmo de los actos curiosos, el Instituto de Defensa Legal presenta una acción de amparo constitucional para evitar que el Legislativo aplique la Constitución y elija a los miembros del TC. ¿El Poder Judicial ordenando al Congreso que se inhiba de aplicar la Constitución? Parece surrealista, pero podría suceder.

La nueva mayoría que ha surgido en el Congreso —se habla de más de 90 votos— al parecer, en un movimiento propio del ajedrez, ha alterado el orden de los factores y, de súbito, el adelanto general de elecciones parece estar subordinado a la elección de los miembros del TC. ¿Qué puede significar algo así? Todo indica que la propuesta del adelanto general de elecciones solo forma parte de la estrategia de los sectores de izquierda caviar en su afán de controlar instituciones claves de la República, con objeto de detentar el poder sin presentar programas, formar partidos ni ganar elecciones. No hay otra explicación.

Vizcarra y los sectores comunistas y caviares parecen haber llegado a la conclusión de que permanecer hasta el 2021 sin mayores logros en gobernabilidad (crecimiento, reconstrucción y seguridad ciudadana) los convierte en vulnerables ante los ojos de la ciudadanía. Además, la idea de seguir golpeando al Congreso sin gobernar, para conseguir popularidad fácil, comienza a agotarse con extrema rapidez. 

Por todas estas consideraciones, el adelanto de elecciones para evitar que el fracaso sea evidente ante la ciudadanía es la única manera de seguir apostando al control de las instituciones de cara hacia el 2021. La brutal guerra por el TC lo clarifica todo.