Controlando las elecciones del 2021

Algunos observan la reforma política a la distancia y, de una u otra manera, se compran los argumentos que se propalan en los medios tradicionales. Terrible error. Amigo empresario, amigo magistrado, amigo político e intelectual, la llamada “reforma política” tiene que ver demasiado con el futuro del equilibrio de poderes y los necesarios contrapesos en una sociedad abierta. Si el equilibrio de poderes institucional, político y social se trastoca, no solo la República se convertirá en una interrogante sino también la economía de mercado y el funcionamiento de las instituciones.

Con respecto a la propuesta de los llamados “notables” —un grupo convocado por el presidente Vizcarra y que encabeza Fernando Tuesta— es evidente que, en el terreno de las reformas constitucionales, se propone un Ejecutivo que altera el equilibrio de poderes (elecciones del Congreso en segunda vuelta, insistencia en una ley con dos tercios, relativizar la inmunidad parlamentaria, entre otros), pero lo más preocupante está en la “reforma política”, sobre todo con respecto a dos propuestas que —a nuestro entender— apuntan a instrumentalizar las elecciones.

Una de ellas exige que en las primarias obligatorias de los partidos voten por lo menos 280,000 ciudadanos, de lo contrario se pierde la inscripción y no se participa en los comicios nacionales. Considerando que hoy está prohibida la reelección parlamentaria y la bicameralidad, ¿es posible imaginar unas primarias con 280,000 ciudadanos para cada uno de los 24 partidos existentes? ¿Existirán los alicientes y las voluntades para esas primarias? Es evidente que no.

La propuesta está formulada, entonces, para liquidar lo que resta de un sistema político en crisis, a semejanza de lo que sucedió durante el fujimorato y la consolidación del chavismo en el poder y en los demás proyectos bolivarianos. La gran diferencia: la liquidación de los últimos restos partidarios podría contar con el apoyo de un sector de la bancada de Fuerza Popular, tal como se empieza a conocer, aterrados por la amenaza de la disolución u otro tipo de presiones. En cualquier caso, esta fórmula permitiría instrumentalizar de tal manera las elecciones —con la posible manipulación de los organismos electorales— que el sueño marxista de eliminar a fujimoristas y apristas sería una posibilidad.

La segunda iniciativa que causa enorme preocupación es la que prohíbe la participación en cargos de elección popular a los sentenciados en primera instancia. ¿Cómo siquiera se pudo presentar una propuesta de este calibre? La Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos establecen que la presunción de inocencia solo se extingue cuando existe sentencia firme (segunda instancia). De lo contrario una República podría estar en riesgo de asumir los criterios que utilizan los autoritarismos para judicializar a sus rivales.

Considerando que, en el Perú, está más que demostrado que existe un sector de fiscales politizados vinculados a IDL-Reporteros, ¿alguien tiene duda acaso de que este tipo normatividad constitucional no se convertiría en herramienta para eliminar a los candidatos de la centro derecha o eventuales adversarios? En el país la mayoría de sentencias contra políticos en primera instancia son revertidas en la segunda. ¿O no?

La reforma política de la Comisión Tuesta, pues, forma parte de la estrategias políticas de un sector ideologizado que pretende controlar instituciones sin haber ganado una sola elección. Lo repetimos: la gran diferencia con los demás procesos autoritarios es que podría contar con el apoyo de un sector de la bancada mayoritaria. Alertados estamos.